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La CPI confirmó la absolución de Laurent Gbagbo, ex presidente de Costa de Marfil

El tribunal de apelación de la Corte Penal Internacional ratificó este 31 de marzo la absolución del ex presidente marfileño Laurent Gbagbo, al que la Fiscalía acusaba de crímenes de lesa humanidad y de guerra debido al conflicto poselectoral que enfrentó a sus seguidores y a los del actual mandatario, Alassane Ouattara, entre diciembre de 2010 y abril de 2011. En el juicio estuvo junto a Gbagbo el ex ministro de Juventud, Charles Ble Goude, al que se acusaba de los mismos delitos. Ambos fueron absueltos en primera instancia en enero de 2019 de acusaciones muy graves que iban desde asesinatos masivos a violaciones y persecuciones, pero la Fiscalía del caso alegó “defectos de forma en la sentencia” para apelar el caso. La decisión fue tomada por mayoría entre los cinco jueces encargados del caso y fue celebrada entre varias decenas de seguidores del ex mandatario que esperaban la decisión a las puertas de este tribunal de la ciudad de La Haya, en Países Bajos. Ble Goude mostró una gran satisfacción en el momento de lectura de la sentencia, en contraposición con Gbagbo que se mantuvo impasible. Este caso es uno de los más importantes que llevaba este tribunal, ya que Gbagbo fue el primer ex mandatario en sentarse ante esta corte por unos crímenes de tal relevancia. La decisión supone un revés para la fiscal jefa de la CPI, Fatou Bensouda, pues bajo su mandato fue también liberado el ex vicepresidente de la República Democrática del Congo, Jean-Pierre Bemba, que había sido acusado de crímenes de guerra y de lesa humanidad. La cuestión ahora ronda en si estos dos políticos podrán regresar o no a su país tras más de siete años fuera. La CPI anuló las medidas cautelares que pesaban sobre ambos como la retención de sus pasaportes, pero el mandatario actual es su antiguo enemigo, que lleva casi once años en el poder y ha sido reelegido para un controversial tercer mandato. Dejando el tribunal libre, Ble Goude aseguró que estaba feliz de que el caso hubiera terminado. El ex ministro no puso una fecha para volver a casa, pero aseguró que "depende del Gobierno de mi país, pero haré la solicitud". Gbagbo no habló sobre el tema, pero su abogado añadió que "ahora que está en libertad, debe regresar a casa".
Una decisión “triste” para las víctimas y sus familias
Durante los más de cinco meses de violencia en Costa de Marfil, más de 3.000 personas fallecieron. El origen de este enfrentamiento se dio tras unas ajustadas elecciones entre Gbagbo y el entonces líder opositor Ouattara. En un primer momento, la Comisión Electoral dio por ganador al opositor, pero después se rechazaron una serie de votos al norte del país –de forma sospechosa– que hizo que Gbagbo ganará. El enfrentamiento entre las dos facciones mantuvo en vilo al país hasta que seguidores armados de Ouattara detuvieron a Gbagbo y terminaron con su mandato por la fuerza. La investigadora de Amnistía Internacional sobre África Occidental, Michèle Eken, aseguró para la agencia de noticias AP que las víctimas "volverán a estar decepcionadas". A esto añadió que "el tribunal no ha responsabilizado a nadie por crímenes atroces cometidos durante este período". La violencia postelectoral es uno de los mayores males por los que pasan muchos países africanos que gozan de democracias extremadamente débiles. Estos periodos se caracterizan por una tremenda inestabilidad política causada por señalamientos de amaño, manipulación, persecución y negativa de reconocimiento de victorias. (AP, EFE y Reuters)
Un policía británico se convierte en el primer agente condenado por neonazi.
Benjamin Hannam ha sido procesado por pertenecer al proscrito grupo de extrema derecha National Action (Acción Nacional, NA en inglés) y por haber mentido en el formulario que debió rellenar para entrar en la Policía Metropolitana de Londres, Scotland Yard, así como durante el subsiguiente proceso de evaluación. Hannam solicitó el ingreso en Scotland Yard, en julio de 2017 y el año pasado fue detenido. El jurado a cargo del caso, cuyos detalles no podían ser difundidos por los medios hasta hoy, deliberó durante más de 32 horas hasta que declaró la culpabilidad de Hannam. El joven de 22 años, con domicilio en Enfield, al norte de Londres, había trabajado para la Policía Metropolitana antes de que se encontraran sus referencias en una base de datos del foro de extrema derecha "Iron March". Según detalles divulgados por la Justicia, Hannam se había apuntado a ese foro cuando se incorporó a la unidad londinense de la organización neonazi NA en marzo de 2016. Su asociación con este grupo terminó antes de que empezara a trabajar para la Policía, pero fue identificado por los agentes de la lucha antiterrorista. El comandante Richard Smith, jefe del la unidad antiterrorista de Scotland Yard, dijo este jueves que se trata de un caso "único". "Obviamente, Ben Hannam mintió en su formulario de solicitud de ingreso en la Policía. Nunca hubiera podido ingresar si hubiéramos conocido su interés en la extrema derecha y su previa participación en National Action", agregó. "Una vez que confirmamos su participación en la organización, tomamos medidas inmediatas para detenerlo y llevarlo ante los tribunales", señaló Smith. Según el proceso judicial, la ideología de National Action está basada en la "pureza aria" y en el odio hacia grupos no blancos, sobre todo los judíos, además de venerar a Adolf Hitler como una "figura divina" y apoyar el genocidio. En diciembre de 2016, el Reino Unido ilegalizó National Action por glorificar la muerte de la diputada laborista Jo Cox, asesinada poco antes del referéndum del Brexit de junio de ese año. La parlamentaria fue asesinada a puñaladas en Birstall, norte de Inglaterra, por Thomas Mair, un británico perteneciente al grupo neonazi National Alliance que gritó "Britain First" (el Reino Unido primero) mientras la mataba. (efe, rtr)
Myanmar: imputan a Aung San Suu Kyi con un cargo que le daría 14 años de prisión.
Este jueves, Khin Maung Zaw, abogado de la líder birmana derrocada Aung San Suu Kyi, informó que hace una semana a ella y a cuatro colaboradores más del Gobierno destituido les fue imputado el cargo de violación a la ley de secretos oficiales. Ese delito acarrea una condena de hasta 14 años de cárcel. El Ejército, que se tomó el poder a la fuerza el pasado 1 de febrero, aún no ha informado sobre la justificación por la que les imputó este nuevo cargo. Khin Maung Zaw, quien encabeza el equipo de abogados de Suu Kyi, aseguró en una entrevista con la agencia de noticias Reuters que a la destituida líder, a tres de los ministros de su depuesto gabinete y al asesor económico australiano de su Gobierno, Sean Turnell, todos detenidos desde el golpe de Estado del pasado 1 de febrero, les fue imputado un nuevo cargo por presunta violación a la ley de secretos oficiales. El abogado dijo que se enteró hace dos días de esa nueva acusación, interpuesta ante un Tribunal de la ciudad de Rangún, y que de ser declarados culpables podrían enfrentar una pena de hasta 14 años de cárcel. Asimismo, Maung Zaw señaló que la ganadora del Premio Nobel de la Paz compareció este jueves a través de un enlace de video a una audiencia en relación con los otros cargos que ya le habían sido imputados antes. Durante su primer mes en detención, en un tribunal de Naipyidó, la capital del país, el Ejército acusó a Suu Kyi de al menos otros tres cargos. El primero es violación a las leyes de comunicación, por supuestamente importar ilegalmente seis radios walkie-talkie. El segundo cargo es quebrantar la Ley de Gestión de Desastres Naturales, por incumplir los límites de las reuniones públicas para combatir la pandemia del Covid-19, cuando hacía campaña para las elecciones parlamentarias del pasado 8 de noviembre. El último es por intentar incitar a la agitación pública, bajo una sección del código penal de la era colonial que prohíbe la publicación de información que pueda "causar miedo o alarma" o perturbar la "tranquilidad pública". Sus abogados afirman que todos los cargos son inventados por la junta militar para justificar su detención y retener el control del país. Maung Zaw agregó que Suu Kyi, acordó sumar dos juristas más a su equipo de defensa, para un total de ocho. Este jueves, solo uno de ellos tuvo acceso a la audiencia. Se trata de la abogada Daw Min Min Soe, quien dijo que vio a la destituida líder, de 75 años, en buen estado de salud y que no pudo informarle sobre la situación de protestas y represión militar que dejan cientos de muertos en el país, por lo que aún no está claro si los funcionarios arrestados tienen conocimiento del caos en el que está sumergida la nación. Hasta el momento, a sus abogados se les ha impedido tener acceso directo a los acusados, más allá de las comunicaciones en línea. (Reuters, AFP y EFE)